Alicante volvió a encabezar el año pasado las estadísticas sobre empleo irregular en España, según el balance de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social del que ayer se hicieron eco los sindicatos CC OO y UGT.

En concreto, durante 2009 los inspectores obligaron a los empresarios a dar de alta a 4.314 trabajadores alicantinos que realizaban sus tareas de forma ilegal, sin ningún tipo de contrato, lo que representa casi el 10% de todo el empleo sumergido descubierto en el conjunto del país, según las mismas fuentes.
Esta cifra supuso un fraude de 29,2 millones de euros para las arcas de la Seguridad Social y acarreó sanciones de 4,2 millones de euros para los empresarios infractores. Tras Alicante, las provincias con más empleo aflorado durante el pasado año fueron Barcelona, con 3.425 trabajadores ilegales dados de alta; Murcia, con 2.730; Sevilla, con 2.366; y Madrid, 2.203.
Para el secretario de Comunicación de CC OO de l'Alacantí, Salvador Roig, los datos evidencian el "arraigo" que tiene la economía sumergida en Alicante, donde los empresarios "basan su competitividad en el recorte de los derechos de los trabajadores y en la reducción de los costes sociales de forma fraudulenta". Al respecto, Roig llama la atención sobre el "silencio de la patronal" ante esta realidad, en contraste con "el ruido que organiza" para conseguir la reforma laboral y el abaratamiento del despido.
Por su parte, el secretario general de UGT en l'Alacantí, Óscar Llopis, denuncia que los empresarios "están abusando" de la situación de necesidad por la que atraviesan muchas familias para imponer condiciones laborales ilegales. En este sentido, UGT también destaca la utilización fraudulenta de la contratación temporal para el desempeño de tareas que no tienen esta condición. Así, el año pasado Trabajo obligó a convertir en indefinidos 1.637 contratos precarios. Para atajar estos abusos, Llopis anunció que su sindicato reclamará una campaña de vigilancia específica para el sector servicios durante la temporada estival.
En total, la Inspección de Trabajo realizó 37.170 actuaciones en la provincia durante el año pasado, lo que supuso un incremento del 9% sobre las cifras de 2008. Fruto de esta actividad se detectaron 5.137 infracciones, un 3,2% más, lo que sitúa a la provincia como la cuarta del país con más incumplimientos en materia laboral. Paradójicamente, a pesar del aumento de infracciones las multas impuestas a los empresarios descendieron desde los 13,7 millones de 2008 a 11,4 millones.
Tras las citadas sanciones por fraude a la Seguridad Social, las más cuantiosas fueron las del área de Seguridad y Salud Laboral, que ascendieron a 3,1 millones de euros. En este apartado se abrieron 756 expedientes y se ordenó la paralización o clausura de 13 centros de trabajo, -el doble que el año anterior- al considerar que los riesgos que corrían los trabajadores eran excesivos. Por su parte, en el área de Empleo y Extranjería las sanciones ascendieron a 1,7 millones. Destaca que el número de inmigrantes sin papeles descubiertos trabajando descendió de 580 a 292.